Uso (y abuso) de la potestad sancionadora de la administración contra el discurso de odio en España

Abstract

El mayor uso de la policía administrativa para combatir el discurso del odio constituye una controvertida novedad. Parece iniciarse un cambio de paradigma. Una nueva legislación no contempla ya al poder judicial como el garante último de los derechos fundamentales. El garante será ahora las Administraciones públicas. Se estudia las causas de esta paulatina sustitución y las amenazas que ello pueden conllevar a la libertad religiosa. La jurisdicción contencioso-administrativa está corrigiendo esta hiperactividad sancionadora con una incipiente jurisprudencia garantista.